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Con el propósito de fortalecer la cultura jurídica y acercar temas de interés público a la ciudadanía, el programa Yaykuna Judicial contó con la participación de la Dra. Leyla Vílchez Guivar, jueza del Cuarto Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien desarrolló el tema "Responsabilidad civil derivada de los informes de la Contraloría General de la República", despejando las principales dudas sobre el alcance de los informes de control y las distintas responsabilidades que pueden derivarse de ellos.

Durante la entrevista, la magistrada explicó que la responsabilidad civil tiene como finalidad reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado, permitiendo recuperar recursos públicos que deben destinarse a obras y servicios esenciales como educación, salud e infraestructura. En ese sentido, destacó que proteger el patrimonio estatal significa garantizar que los recursos de todos los ciudadanos sean utilizados de manera eficiente y transparente.

Asimismo, precisó que un informe de la Contraloría no determina automáticamente la responsabilidad de un funcionario público, sino que constituye un instrumento técnico que identifica una presunta responsabilidad y sirve como un importante medio probatorio dentro del proceso judicial. La determinación definitiva corresponde exclusivamente al Poder Judicial, respetando siempre el debido proceso y la valoración integral de las pruebas.

La Dra. Vílchez explicó que una misma conducta puede generar responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil e incluso responsabilidad penal, ya que cada una posee elementos, finalidades y consecuencias distintas. Mientras la responsabilidad administrativa busca corregir el incumplimiento funcional mediante sanciones disciplinarias, la responsabilidad civil procura el recupero económico del daño ocasionado al Estado y la responsabilidad penal sanciona la comisión de delitos cuando corresponda.

Respecto a la responsabilidad civil, señaló que esta requiere la concurrencia de cuatro elementos fundamentales: la existencia de una conducta antijurídica, un factor de atribución (dolo o culpa), un daño económico efectivo y el nexo causal entre la conducta y el perjuicio ocasionado. Enfatizó que no toda pérdida económica sufrida por el Estado genera automáticamente responsabilidad civil, pues pueden existir causas externas o situaciones de fuerza mayor que excluyan dicha imputación.

Durante la conversación, la magistrada también destacó la importancia de que los servidores públicos conozcan las normas, reglamentos y procedimientos que regulan sus funciones, pues muchas infracciones pueden originarse por desconocimiento o falta de capacitación. Del mismo modo, exhortó a los profesionales del Derecho a profundizar en el estudio de las diferentes clases de responsabilidad para brindar una adecuada defensa técnica y contribuir a una correcta administración de justicia.

Finalmente, la jueza reflexionó que la construcción de un Estado eficiente depende del compromiso de quienes prestan servicios públicos y del conocimiento de sus deberes, resaltando que una gestión pública transparente fortalece la confianza ciudadana y permite garantizar servicios de calidad para toda la población.

A través de su espacio ‘’Yaykuna Judicial’’, la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso de acercar a la ciudadanía información clara, oportuna y especializada sobre temas de relevancia jurídica, promoviendo una mejor comprensión del sistema de justicia y del rol que cumplen las instituciones del Estado en la protección de los recursos públicos.