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Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los operadores de justicia en materia ambiental, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue sede del Primer Taller Descentralizado en Delitos Ambientales, realizado el martes 4 de noviembre en el auditorio “Manuel Huangal Naveda”. El evento congregó a jueces, fiscales, representantes de la Policía Nacional y demás operadores del sistema de justicia, quienes recibieron una jornada intensiva de capacitación sobre la lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente, especialmente los vinculados a la minería ilegal y la deforestación.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, destacó la relevancia de este encuentro académico y la urgencia de fortalecer la respuesta judicial frente a los delitos ambientales. “En nuestra jurisdicción, especialmente en provincias como San Ignacio, es común escuchar el ruido diario de dragas trabajando de forma ilegal en los ríos. Esa minería no solo destruye el ambiente, sino que pone en riesgo la salud de las poblaciones nativas que beben agua contaminada y sufren enfermedades graves. Esas realidades nos obligan a actuar con decisión y a fortalecer la presencia del Estado”, precisó.

Asimismo, el Dr. Bravo Llaque exhortó a los distintos operadores de justicia —jueces, fiscales, policías y secretarios judiciales— a asumir su rol en la defensa del ambiente como un deber no solo legal, sino moral. “El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional formamos parte del Estado. Somos responsables de garantizar, a través de nuestras resoluciones y acciones, un entorno que permita el desarrollo de la vida humana y de toda forma de biodiversidad. Debemos dar la batalla contra quienes atentan contra la naturaleza, porque protegerla es proteger la vida misma”, enfatizó.

Finalmente, solicitó que la colaboración con la Unión Europea y la judicatura española se consolide mediante la formación continua de magistrados y operadores de justicia en materia ambiental. “Esperamos que esta cooperación sea cada vez más estrecha. Nuestros jueces, fiscales y policías necesitan capacitación constante y herramientas efectivas para enfrentar delitos complejos que hoy se entrelazan con la criminalidad organizada. Queremos reconstruir esa relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, recuperando el equilibrio que nunca debimos perder”, concluyó.

El taller contó con las ponencias magistrales de los especialistas europeos Marta Pizarro Mayo, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y Juan Bautista Calvo Rubio Burgos, fiscal jefe provincial de Málaga, quienes compartieron experiencias sobre la persecución penal de los delitos ambientales desde la perspectiva europea.

Por su parte, el fiscal Juan Bautista Calvo Rubio Burgos desarrolló la ponencia “La protección de los bosques: aportes de la jurisprudencia internacional aplicada al delito de minería ilegal para vivir en un ambiente sano y equilibrado”. Durante su exposición, analizó la evolución del derecho ambiental como derecho humano de tercera generación, el marco normativo del Código Penal peruano (artículos 304, 307-A, 310 y 313), y los precedentes del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consolidan la protección del medio ambiente como un derecho fundamental.

Esta jornada académica forma parte del Eje 2: Justicia Ambiental del Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2022–2030, reafirmando el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con la defensa de los recursos naturales y la promoción de una justicia más ambiental, humana y sostenible.