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El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Chiclayo y Ferreñafe emitió la primera sentencia condenatoria por el delito de minería ilegal en la ciudad de Chiclayo, marcando un importante precedente en la lucha contra los delitos ambientales en el distrito judicial de Lambayeque.

La sentencia fue dictada por la magistrada Franceska Emperatriz Puican Luna, jueza del Quinto Juzgado Unipersonal de Chiclayo, quien asumió en adición a sus funciones el despacho del Segundo Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Chiclayo y Ferreñafe, por disposición superior.

La resolución condenó a Joaquín Rodríguez Reyes como autor del delito ambiental en la modalidad de minería ilegal, imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de tres años, cien días multa, inhabilitación y el pago de diez mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Durante el juicio oral se acreditó que el sentenciado realizaba actividades de extracción y procesamiento de material aurífero sin autorización administrativa, mediante el acondicionamiento de socavones y el uso de pozas de cianuración para el beneficio minero.

Asimismo, en diligencias de verificación fiscal desarrolladas en la provincia de Pataz, región La Libertad, se constató la existencia de socavones, pozas de lixiviación, material aurífero procesado y residuos con presencia de cianuro, plomo y cadmio en concentraciones superiores a los límites máximos permitidos.

De acuerdo con la sentencia, estas actividades representaban grave riesgo para el medio ambiente, la calidad ambiental y la salud pública, al haberse desarrollado sin autorización de la entidad administrativa competente.

Posteriormente, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los magistrados Aldo Enrique Zapata López, Margarita Isabel Zapata Cruz y Juan Gualberto Sánchez Dejo, confirmó la decisión emitida por el juzgado, ratificando la responsabilidad penal del sentenciado y la validez de la condena impuesta.

Con esta decisión judicial, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra los delitos que afectan los recursos naturales y ponen en riesgo la salud de la población.