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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Unidad Funcional de Integridad, desarrolló la ponencia magistral “Ética e integridad en la función pública y límites de la inteligencia artificial”, una jornada académica orientada a fortalecer la cultura ética y la toma de decisiones responsables en el servicio público.

La exposición estuvo a cargo del Dr. Alejandro Agustín Ponce San Román, coordinador funcional de Integridad Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, quien abordó los fundamentos de la ética pública, el modelo de integridad del Estado peruano y los desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial en la administración pública.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del econ. Guillermo Moncayo Monsalve, quien destacó la importancia de promover la ética y la integridad dentro de las instituciones públicas. En su intervención señaló que estos principios constituyen la base del trabajo de los servidores públicos, quienes deben desempeñar sus funciones guiados por valores que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Durante su ponencia, el Dr. Ponce explicó que la ética y la integridad son pilares fundamentales para la convivencia social y la construcción de organizaciones sólidas. Precisó que la naturaleza humana combina una dimensión individual y otra social, lo que hace indispensable establecer reglas y valores compartidos que permitan la convivencia y la cooperación entre las personas.

En ese sentido, señaló que los sistemas morales surgen como mecanismos que orientan la conducta humana dentro de la sociedad, estableciendo principios y valores que facilitan la coordinación de las acciones colectivas. Asimismo, explicó que, desde una perspectiva académica, la moral representa el conjunto de normas y valores que una comunidad considera correctos, mientras que la ética constituye el conocimiento práctico que orienta la conducta humana hacia decisiones responsables.

El especialista destacó además que el Estado tiene como objetivo principal la creación de valor público, entendido como la generación de mejores condiciones de vida para la ciudadanía mediante decisiones adoptadas dentro de un sistema democrático y respetuoso del Estado de derecho y de la dignidad humana.

Frente a los riesgos de corrupción y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, el ponente explicó que el Estado peruano ha implementado un Modelo de Integridad Pública, orientado a garantizar que los recursos y el poder del Estado se utilicen en beneficio del interés general. Este modelo contempla diversos mecanismos preventivos, entre ellos el compromiso de la alta dirección, la identificación de riesgos de corrupción, la transparencia institucional, los canales de denuncia y la capacitación permanente de los servidores públicos.

En la segunda parte de su exposición, el especialista abordó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral y en la gestión pública. Explicó que, pese a su nombre, la inteligencia artificial no posee conciencia, emociones, valores ni responsabilidad, por lo que no puede equipararse con la inteligencia humana.

Detalló que la IA funciona principalmente como una herramienta tecnológica capaz de identificar patrones y procesar grandes volúmenes de información, lo que permite optimizar diversas tareas y mejorar la productividad. Sin embargo, subrayó que su utilización debe ser responsable, ya que las decisiones éticas no pueden ser delegadas a sistemas automatizados.

Asimismo, advirtió que los sistemas de inteligencia artificial pueden presentar sesgos derivados de los datos con los que son entrenados, por lo que su uso requiere supervisión humana permanente, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan derechos o la dignidad de las personas.

Finalmente, el Dr. Ponce resaltó que la inteligencia artificial debe ser entendida como una herramienta de apoyo para el trabajo humano, que puede contribuir a detectar patrones de fraude o corrupción, organizar información o fortalecer los procesos de gestión, pero nunca sustituir el criterio, la responsabilidad ni los valores éticos de los servidores públicos.

Con este tipo de actividades académicas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la integridad institucional y la promoción de una cultura ética que garantice un servicio de justicia responsable y orientado al bienestar de la ciudadanía.