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CORTE DE LAMBAYEQUE HABILITA 235 JUZGADOS DE PAZ PARA RECIBIR DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR

2026-04-15

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el doctor César William Bravo Llaque, dispuso que 235 Juzgados de Paz del distrito judicial queden habilitados para recibir denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, especialmente en zonas alejadas.

La decisión fue adoptada el 9 de abril de 2026, en sesión del Consejo Ejecutivo Distrital, con la participación de sus integrantes: la doctora Ana Elizabeth Salés del Castillo, el doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya y la doctora Daysi Gamarra Bravo, tras evaluarse la viabilidad de otorgar esta competencia como parte de una estrategia orientada a fortalecer el acceso a la justicia.

Durante la sesión, y en base al Informe N.° 019-2026-UPD-GAD-CSJLA-PJ, elaborado por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, se precisó que, si bien 326 juzgados de paz contaban con habilitación preliminar, el análisis técnico determinó que 235 reúnen las condiciones de accesibilidad geográfica necesarias para asumir de manera efectiva estos casos.

Este enfoque consideró las condiciones reales de desplazamiento de la población usuaria, así como las limitaciones del servicio de transporte en diversas zonas del distrito judicial, priorizando así una atención más cercana y oportuna para las víctimas.

En ese sentido, la habilitación de estos juzgados de paz permitirá evitar barreras geográficas, facilitando la recepción inmediata de denuncias y contribuyendo a la adopción oportuna de medidas de protección, en resguardo de la integridad de las personas afectadas.

El acuerdo también establece la implementación de capacitaciones y campañas informativas, a fin de fortalecer las capacidades de los jueces de paz y difundir entre la ciudadanía esta ampliación de competencias. Asimismo, se aprobó una nueva relación actualizada de jueces de paz competentes en esta materia.

Con esta medida, la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso de promover una justicia más accesible, con enfoque territorial y orientada a la protección efectiva de los derechos fundamentales, en concordancia con lo establecido en la Ley N.° 30364.